Sentencia A. 733/25

 

 

TEMAS-SUBTEMAS

 

Auto A-733/25

 

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Controversias sobre recobros de prestaciones no incluidas en el plan de beneficios de salud-PBS

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Plena

 

 

AUTO 733 DE 2025

 

 

Referencias: expedientes CJU-6421 y CJU-6494

 

Asunto: conflictos de competencia entre jurisdicciones suscitados entre la Jurisdicción Ordinaria en su especialidades civil y laboral y la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo[1]

 

Magistrado ponente: Jorge Enrique Ibáñez Najar

 

 

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, en particular, la prevista por el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, profiere el siguiente

 

AUTO

 

I.       ANTECEDENTES

 

1.                  A continuación, se resumen los hechos que soportan los conflictos entre jurisdicciones que fueron remitidos a la Corte Constitucional y asignados al Magistrado Ponente para su decisión, de conformidad con el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución, respecto de demandas relacionadas con los recobros de servicios y tecnologías en salud no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (en adelante, POS), hoy Plan de Beneficios en Salud (en adelante, PBS), presentadas por Empresas Promotoras de Salud (EPS) en contra de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) y/o la Nación – Ministerio de Salud y Protección Social. A continuación, se resumen los hechos de cada uno de los expedientes de la referencia:

 

Cuadro No. 1.

2.                  El asunto de CJU-6421, fue remitido a la Corte Constitucional el 20 de marzo de 2025[16]. Por su parte, el 9 de abril de 2025, el asunto de CJU-6494 fue enviado a la Corte Constitucional.[17] Mediante sesión virtual del 10 de abril de 2025, los expedientes fueron repartidos al despacho encargado, y la remisión para su sustanciación se realizó el 11 de abril siguiente[18].

 

II.     CONSIDERACIONES

 

1.                  Competencia para la acumulación de procesos de conflictos de jurisdicción por presentar unidad de materia

 

3.                  De conformidad con lo previsto en el artículo 241.11 de la Constitución Política, adicionado por el artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015, la Sala Plena de la Corte Constitucional está facultada para dirimir los conflictos de competencia entre autoridades de distintas jurisdicciones. Asimismo, en aras de garantizar los principios de celeridad y el acceso a la administración de justicia, es competente para disponer la acumulación de los conflictos de jurisdicciones que presenten unidad de materia, en virtud de lo dispuesto en los artículos 5 (literales a y v), 49 del Acuerdo 02 de 2015, 5 del Decreto 2067 de 1991, 148 y 150 de Ley 1564 de 2012. Por esta razón, al verificar que los expedientes de la referencia presentan una problemática similar, esta Corporación ha decidido acumularlos.

 

2.                  Presupuestos para la configuración de un conflicto de jurisdicciones. Reiteración Auto 155 de 2019

 

4.                  Esta Corporación ha señalado que los conflictos de competencia entre jurisdicciones se presentan cuando “dos o más autoridades que administran justicia y pertenecen a distintas jurisdicciones se disputan el conocimiento de un proceso, bien sea porque estiman que a ninguna le corresponde (negativo), o porque consideran que es de su exclusiva incumbencia (positivo)”[19]. En Auto 155 de 2019, la Sala Plena precisó que se requieren tres presupuestos para que se configure un conflicto de competencia entre jurisdicciones, respectivamente: subjetivo, objetivo y normativo[20]. La Sala observa que se cumplen los tres presupuestos para la configuración de un conflicto de competencia entre jurisdicciones. Esto, ya que dos autoridades de jurisdicciones distintas declararon su falta de competencia para conocer el proceso en los expedientes de CJU 6421 y 6494, existe una causa judicial que suscitó la controversia en cada asunto y ambas autoridades judiciales, inmersas en cada conflicto, citaron disposiciones normativas para sustentar su falta de competencia[21].

 

3.                  La competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en materia de recobros judiciales al Estado por prestaciones no incluidas en el POS (hoy PBS). Reiteración de jurisprudencia Auto 389 de 2021

 

5.                  En el Auto 389 de 2021, esta Corporación estudió un conflicto de jurisdicciones suscitado entre el Juzgado 061 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y el Juzgado 006 Laboral del Circuito Judicial de la misma ciudad, respecto del conocimiento de una demanda ordinaria laboral presentada por Sanitas EPS en contra de la ADRES, con el propósito de obtener el reconocimiento y pago de unas sumas de dinero adeudadas, correspondientes a servicios, procedimientos e insumos médicos, que prestó y que no estaban incluidos dentro del POS (hoy PBS).

 

6.                 Al resolver el asunto, la Sala Plena determinó que correspondía a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocer del proceso adelantado por Sanitas EPS en contra de la ADRES.

 

7.                 A esta conclusión se llegó, con base en los siguientes argumentos: (i) el procedimiento del recobro no corresponde a una controversia relativa a la prestación de servicios de seguridad social, en tanto únicamente busca resolver un desequilibrio económico entre el Estado y una EPS, de manera que esta última pretende recuperar los recursos que debió destinar para cubrir asistencias a las que no se está obligada a sufragar porque no hacen parte de la cobertura del Plan de Beneficios en Salud. Sumado al hecho que, (ii) las controversias relacionadas con el pago de recobros judiciales al Estado por prestaciones no incluidas en el PBS vinculan, en principio, a las EPS y a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES. En este tipo de controversias, en consecuencia, no intervienen afiliados, beneficiarios, usuarios ni empleadores, es decir, los sujetos que integran la hipótesis normativa del artículo 2.4 del CPTSS , (iii) los recursos para cubrir los recobros se obtienen del Presupuesto General de la Nación, ya que según el artículo 42 de la Ley 715 de 2001, le corresponde a la Nación “la dirección del sector salud y del Sistema General de Seguridad Social en Salud en el territorio Nacional”, (iv) la ADRES es una entidad pública sujeta al derecho administrativo, y (v) manifiesta su voluntad de reconocer o no el pago de prestaciones de salud mediante actos administrativos, configurándose en una decisión administrativa.

 

8.                 Finalmente, se destaca que en el Auto 1942 de 2023, la Sala Plena de esta Corporación decidió adoptar unas reglas de transición para los procesos cobijados por la regla fijada en el citado Auto 389 de 2021. Esto, dadas las dificultades que generó el cambio de jurisprudencia suscitado en relación con la jurisdicción competente para conocer los recobros judiciales al Estado por prestación de servicios de salud no incluidos en el PBS. Las reglas de transición fijadas en esta providencia cobijan cinco (5) supuestos de hecho determinados por esta Corporación y se establecieron con el fin de evitar la imposición de una carga excesivamente gravosa a la parte demandante en este tipo de procesos, especialmente, en lo que respecta a sus derechos al debido proceso, de acción y de acceso a la jurisdicción, así como a las garantías de confianza legítima, seguridad jurídica y la prevalencia del derecho sustancial como fin principal de la administración de justicia; mandatos superiores que esta Corporación debe garantizar, incluso al resolver conflictos entre jurisdicciones[22]. En consecuencia, corresponde al juez de conocimiento atender las reglas de transición expuestas en el Auto 1942 de 2023.

 

9.                  Regla de decisión. “El conocimiento de los asuntos relacionados con los recobros de servicios y tecnologías en salud no incluidos en el POS, hoy PBS, corresponde a los jueces contencioso administrativos, en virtud de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 104 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto a través de estos se cuestiona por parte de una EPS un acto administrativo proferido por la ADRES.

 

Este tipo de controversias no corresponde a las previstas en el numeral 4º del artículo 2 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en la medida en que no se relacionan, en estricto sentido, con la prestación de los servicios de la seguridad social. En cambio, se trata de litigios presentados exclusivamente entre entidades administradoras y relativos a la financiación de servicios ya prestados, que no implican a afiliados, beneficiarios o usuarios ni a empleadores”[23].

 

4.                  Caso concreto

 

10.             Las controversias remitidas a la Corte Constitucional se originan en hechos sustancialmente similares, derivados de las demandas interpuestas por dos Entidades Promotoras de Salud (EPS) contra la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES, anteriormente conocido como FOSYGA). En particular, las EPS alegan haber iniciado el trámite administrativo de recobro ante los Consorcios autorizados por dicha entidad, con el fin de obtener el pago de facturas relacionadas con la prestación de servicios y tecnologías en salud no incluidas en el Plan Obligatorio de Salud (hoy Plan de Beneficios en Salud - PBS). No obstante, las solicitudes presentadas fueron glosadas durante el trámite administrativo. Como consecuencia, las EPS promovieron los respectivos procesos judiciales.

 

11.             Posteriormente, las autoridades jurisdiccionales involucradas en dichos procesos manifestaron dudas sobre su competencia para conocer de las pretensiones de recobro por los valores rechazados por la ADRES, los cuales corresponden a servicios y tecnologías en salud no incluidos en el POS, prestados en cumplimiento de órdenes emitidas por comités técnicos científicos o por jueces constitucionales mediante acciones de tutela.

 

12.             Para resolver lo anterior, la Sala Plena reiterará la regla de decisión fijada en el Auto 389 de 2021 al configurarse los criterios para su aplicación[24]. Ello, puesto que cada una de las demandas involucra en la parte demandante a una EPS- Famisanar Ltda de una parte y Sanitas de otra-, y en ambas se pretende el reconocimiento y pago de recobros correspondientes a servicios o tecnologías en salud no incluidos en el extinto POS (hoy PBS) por parte de la ADRES. En este sentido, es competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, de conformidad con el artículo 104 del CPACA, conocer de los dos asuntos.

 

13.             Con fundamento en los anteriores criterios, la Sala Plena remitirá el expediente CJU-6421 a la Subsección “B” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el CJU-6494 al Juzgado 059 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá. Lo anterior, para lo de sus competencias y para que verifiquen/determinen la aplicación al caso concreto de las reglas de transición establecidas en el Auto 1942 de 2023. Estas autoridades deberán comunicar la presente decisión a los jueces laborales involucrados en el conflicto y a los sujetos procesales e interesados.

 

 

III.    DECISIÓN

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE

 

PRIMERO. ACUMULAR los conflictos de jurisdicciones identificados con los expedientes CJU-6421 y CJU-6494 por presentar unidad de materia.

 

SEGUNDO. DIRIMIR el conflicto negativo de jurisdicciones entre la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y la Subsección “B” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el sentido de DECLARAR que la Subsección “B” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca es la autoridad competente para conocer del proceso judicial promovido por la EPS Famisanar Ltda. En consecuencia, por medio de la Secretaría General de esta Corporación, REMITIR el expediente CJU-6421 a la Subsección “B” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que adelante las actuaciones de su competencia y para que comunique la presente decisión a los interesados en estos trámites.

 

TERCERO. DIRIMIR el conflicto negativo de jurisdicciones entre el Juzgado 030 Civil del Circuito Judicial de Bogotá y el Juzgado 059 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, en el sentido de DECLARAR que el Juzgado 059 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, es la autoridad competente para conocer del proceso judicial promovido. En consecuencia, por medio de la Secretaría General de esta Corporación, REMITIR el expediente CJU-6494 al Juzgado 059 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, para que adelante las actuaciones de su competencia y para que comunique la presente decisión a los interesados en este trámite.

 

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Presidente

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

 

 

 

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

MIGUEL POLO ROSERO

Magistrado

 

 

 

CAROLINA RAMÍREZ  PÉREZ

Magistrada (e)

 

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 

 

 

 

 

 

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